CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
SALA DE
CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., Diecinueve (19) de diciembre de
dos mil once (2011)
Aprobado en sala de siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011).
Ref.:
1100102030002011-00892-00
Se decide sobre la solicitud de exequátur
presentada por Jimena Jaramillo Lara y Jaime Martínez de Azagra de Poch,
respecto de la sentencia de 3 de julio de 2007, proferida por el Juzgado de
Primera Instancia número Veintinueve de Madrid, España, que declaró el
divorcio del matrimonio contraído entre ellos.
- ANTECEDENTES
- Los actores pidieron la
homologación de la providencia extranjera mencionada, a fin de que surta
efectos legales en el país.
- Como fundamentó de sus pedimentos
narraron los siguientes hechos:
- Contrajeron matrimonio civil el 31
de julio de 2001 en la Notaría Cuarenta y Uno de Bogotá, dentro del cual el
31 de julio de 2002 nació su hija Ana María.
- El Juzgado número Veintinueve de
Primera Instancia de Madrid, España, atendiendo demanda de la esposa respecto
de su cónyuge, decretó el divorcio de la pareja, según sentencia de 3 de
julio de 2007, de manera complementaria, dejó a la menor bajo la custodia de
la progenitora, dispuso que los padres continuaran con la patria potestad y
señaló el régimen de visitas y las cuotas alimentarias a cargo de cada uno
de los padres.
- La anterior providencia quedó
debidamente ejecutoriada, toda vez que no fue cuestionada por ninguno de los
intervinientes.
- Admitida a trámite la petición, de
ella se dio traslado a los Procuradores Delegados para Asuntos Civiles y para
la Defensa de los Derechos de la infancia, la Adolescencia y la Familia,
quienes no se opusieron y manifestaron, en su orden, (folios 33 a 36 y 38 a
42):
- El primero: está de acuerdo porque,
fuera de que el exequátur no tiene como finalidad examinar el contenido de las
decisiones, aquí se observa que la separación de hecho por más de dos años,
motivo que le dio origen en España al divorcio, es similar a lo que
sobre este tópico regula el artículo 154 del Código Civil (folio
35).
- El segundo: reiteró los anteriores
argumentos y precisó que el fallo no es contrario al orden público (folio
42).
- Decretadas y practicadas las
pruebas, se corrió traslado para alegar. Nadie alegó de
conclusión.
- Agotado la instrucción, corresponde
resolver sobre el fundamento de lo reclamado, para lo cual son pertinentes las
siguientes.
- CONSIDERACIONES
- Como producto de la situación
migratoria mundial, marcada por el interés de las personas en buscar un mejor
horizonte para su desarrollo personal y profesional, así como la intervención
de estos en trámites judiciales con repercusiones en diferentes países, se ha
permitido de manera global que las decisiones adoptadas en un determinado
Estado surtan efecto en otro.
Tal comportamiento no es ajeno a Colombia y
es por ello que, en armonía con el artículo 693 del Código de
Procedimiento Civil, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o
laudos pronunciados en un país extranjero en procesos contenciosos, por vía
de “reciprocidad diplomática”, esto es, cuando cumplan con los requisitos establecidos en los
tratados existentes con él, o en su defecto acudiendo a la “reciprocidad legislativa”, basada en
la aceptación que allí se reconozca a las acá proferidas.
Así lo ha reiterado en múltiples
oportunidades esta Corporación al exponer que “en
primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga
celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se
pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho
convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a
la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia
(...) (G. 3. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI,
pág. 309 entre otras)" (sentencia del 26 de enero de
2011, exp. 11001-0203-000-2007-00499-00).
- Pretenden los promotores de este
asunto que se les conceda aprobación a la providencia de 3 de julio de 2007,
mediante la cual el Juzgado de Primera Instancia número Veintinueve de Madrid,
España, declaró el divorcio del matrimonio contraído entre ellos.
- El artículo 693 del Código de
Procedimiento Civil, prescribe que las “sentencias y otras providencias que revistan tal carácter,
pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción
voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados
existentes con ese país, y en su defecto la que allí se
reconozca” a las aquí proferidas.
A su vez artículo 694 ibídem dispone que para que
“surta efectos en el país” la providencia en cuestión no debe versar “sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en
territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que…se
profirió”, ni oponerse “a leyes u otras disposiciones…de orden público, exceptuadas las
de procedimientos”, que debe encontrarse
“ejecutoriada de conformidad con la ley del país
de origen”, presentarse “en copia debidamente autenticada y legalizada”, “que el asunto sobre el cual
recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos”, que acá “no exista proceso en
curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo
asunto” y “que si se
hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la
debida citación y contradicción del demandado”.
- En este proceso están demostrados
los hechos que pasan a enlistarse y que tienen incidencia para resolver lo
pertinente:
- Que el 31 de julio de 2001, en la
Notaría Cuarenta y Una de Bogotá, contrajeron matrimonio Jimena Jaramillo
Lara y Jaime Martínez de Azagra de Poch (folio 3).
- Que el 3 de julio de 2007 el Juzgado
de Primera Instancia número Veintinueve de Madrid, España, “declaró la disolución por el divorcio del matrimonio contraído
por las partes el 31 de julio de 2001 en Bogotá…, con todos los efectos
legales”, y determinó que “la hija menor de edad quedará en compañía y bajo la custodia de
Jimena”, que “la patria
potestad continuará ejerciéndose de modo conjunto por ambos
padres”, que el progenitor que habitualmente no
convive con ella tiene “el derecho de
visitarla”, de comunicarse “con ella y tenerla en su compañía”,
en la forma y términos allí señalados, y que por concepto de pensión el
padre abonaría cada mes la suma novecientos cincuenta (950) euros a Ana
María, actualizada anualmente desde el 1º de enero de 2008, de acuerdo con la
variación del índice general de precios al consumidor, y que cada
progenitor suministraría el cincuenta por ciento (50%) de los gastos
extraordinarios (folios 8 y 9).
- Que la Subdirección General de
Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia del citado
país, el 11 de abril de 2011, hizo constar que la resolución objeto de este
caso “ha venido firme tal y como se hace constar en
Providencia del citado Juzgado, expedida por su Secretario Judicial en fecha 17
de enero de 2011” (folio 12).
- Que la Coordinadora del Grupo
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que allí
“reposa el Convenio sobre Ejecución de Sentencias
Civiles, firmado en Madrid, el día 30 de mayo de 1908”, aprobado mediante la Ley 6ª de esa anualidad, el cual
“se encuentra en vigor desde el día 16 de
abril” del año siguiente.
- Que en el expediente obra copia
auténtica del referido tratado (folios 47 a 49).
- El ya citado artículo 693 ibídem
consagra los dos sistemas de reciprocidad mencionados, toda vez que, por un
lado, “se atiende a las estipulaciones de los
tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane
la sentencia que se pretende ejecutar” y, por el
otro, a falta de aquéllos, acoge “las normas de la
respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida
por esa ley a las proferidas en Colombia” (G. J., T.
LXXX, página 464; CLI, página 69; CLVIII, página 78; CLXXVI, página 309; 21
de octubre de 2009, expediente 2008-01649-01; entre otras), desde luego que
“si existe un tratado que se ocupe de regular la
materia, la necesaria conclusión que se sigue de ello es que debe él
aplicarse a plenitud, es decir que todo lo atañadero al ‘exequátur’ debe ajustarse a sus cláusulas
aunque el contenido de estas no se amolde con rigurosa exactitud a lo
dispuesto, ‘como derecho
común’, en los
ordenamientos procesales nacionales de los países signatarios” (G. J., T. CCLXI, páginas 332 y 333).
- En este asunto se debe acudir a la
reciprocidad diplomática, pues, tal como quedó anotado hay prueba de la
existencia de tratado entre los dos países, el cual consagra que "las sentencias civiles emitidas por los Tribunales comunes de una
de las Altas Partes contratantes serán ejecutadas en la otra", bajo la condición de que, de un lado, “sean definitivas y aparezcan ejecutoriadas como en derecho se
necesitaría para darles efecto en el país en que se hayan
dictado”, y del otro, “no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se
solicite su ejecución” .
Igualmente, la acreditación de la
"ejecutoria" se ciñó a la
expedición de "certificado expedido por el Ministro
de Gobierno o de Gracia y de Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por
el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste
a su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la
legalización".
- Es evidente, entonces, que el fallo
objeto de este trámite, reúne los requisitos del artículo 694 ídem,
así:
- Versa sobre el estado civil de los
contrayentes, situación que excluye cualquier discusión sobre derechos reales
constituidos sobre bienes localizados en Colombia.
- No se opone a la legislación u
otras disposiciones colombianas de orden público, por cuanto conforme al
artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, la
disolución del contrato matrimonial puede tener ocurrencia como consecuencia
de la declaración de divorcio o cesación de los efectos civiles, aspecto para
el cual el legislador patrio previó que a ello se pueda llegar por
“la separación…de hecho, que haya
perdurado…más de dos (2) años”, como acá
sucedió y lo aceptó el juez extranjero.
Igual predica cabe hacer sobre lo definido en
torno a la custodia, a la patria potestad, a las visitas y a las cuotas de
alimentos a favor de la menor, pues tales disposiciones se adecuan a las
nociones de orden público y armonizan con la orientación trazada al respecto
por las normas positivas del país (sentencia de 29 de julio de 2009,
expediente 2007-01704-00).
- Se allegó copia autenticada de la
decisión, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada de conformidad con la
ley del país de origen, como se establece de la documental aportada a folio
16, emanada del Ministerio de Justicia y debidamente apostillado conforme a las
exigencias de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, con lo que se
obvian las demás legalizaciones referidas (folios 6 a 15).
- El asunto no es de competencia
exclusiva de las autoridades judiciales de este país, ni se aduce la
existencia de proceso ante ellos o sentencia ejecutoriada sobre la misma
materia.
- La petición ha sido formulada
conjuntamente por las dos personas concernidas, con lo cual queda debidamente
garantizada la contradicción, publicidad y derecho de defensa.
- Durante la instrucción fueron
citados y participaron, sin oponerse, los Procuradores Delegados para Asuntos
Civiles y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia, en representación del Ministerio Público.
- Consecuentemente, deberá otorgarse
efectos en el país a la providencia dictada por el mencionado juzgado del
Reino de España, por cuanto, como ha sido destacado, se satisfacen
integralmente las exigencias prevenidas por el legislador colombiano y por el
sistema de la reciprocidad diplomática regulada por el derecho internacional,
según específico tratado del cual son tributarios tanto Colombia como
España.
- En cumplimiento a las exigencias del
artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordenará la inscripción del fallo objeto de pronunciamiento y la
presente decisión, tanto en el correspondiente registro civil de matrimonio,
como en el de nacimiento de los cónyuges, obrantes en las Notarías Segunda de
Medellín, Primera de Envigado y Tercera de Bogotá (folios 3 a 5), para los
efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de
1970.
- No hay lugar a imponer costas como
resultado del presente trámite.
- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Conceder el
exequátur de la sentencia proferida el 3 de julio de 2007 por el Juzgado de
Primera Instancia número Veintinueve de Madrid, España, por medio de la cual declaró la disolución, “por el divorcio”, del matrimonio
contraído en Bogotá, Colombia, el 31 de julio de 2001 entre los actores Jimena Jaramillo Lara y Jaime Martínez de
Azagra de Poch.
Segundo:
Ordenar la inscripción de
esta providencia, y la sentencia motivo de reconocimiento en la forma
indicada.
Tercero: Librar,
por conducto de la Secretaría, las comunicaciones dispuestas.
Cuarto: No
condenar en costas.
Quinto: Archivar
el expediente una vez agotado el trámite.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
WILLIAM NAMÉN VARGAS
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ